Caso Aponte Aponte: Ética Pública y Moral Administrativa

“La actuación del Magistrado Aponte Aponte lesionó la ética pública y la moral administrativa” Consejo Moral Republicano.

En la antigua Academia Militar, otrora jóvenes cadetes aprendimos de nuestro código de honor premisas éticas que algunos transformamos en imperativos categóricos de conducta para el resto de nuestras vidas Por ejemplo, en sus Artículos 5 y 6 se establecen principios que pocos se atreverían a refutar públicamente:

“Proclamo que es la moral mi principal virtud, ella es mi mejor herramienta de trabajo”, y, “Prometo guardar culto al valor, a la honestidad, a la lealtad y a la verdad que practicaré y mantendré aún con riesgo de mi propia seguridad y bienestar”. Para la ética, estas deberían ser normas de conducta comunes de cualquier ciudadano, y, más allá del discurso hipócrita, es indispensable internalizarlas y practicarlas sin cesar.

La ética se nutre de esa moral individual y viceversa, consolidándose cuando las naciones explotan y reivindican sus mejores individualidades, transformándolas en ejemplos a seguir por la colectividad hasta sumar mayoritarias conductas ejemplares. Es en ese momento cuando podremos hablar de una Ética Pública basada en valores comunes y alto contenido social con valor agregado.

Nuestra Constitución  establece la creación del Poder Ciudadano, que como tal, se ejerce por el “Consejo Moral Republicano” y tendrá a su cargo “La prevención, investigación y sanción de los hechos que atenten contra la ética pública, y la moral administrativa”

Para Bolívar, el Poder Moral sería la “institución que tendría a su cargo la conciencia nacional” y exigía ser conformada por ciudadanos que se hayan distinguido en el ejercicio de las virtudes públicas.

En apariencia, la gran mayoría de las personas nos creemos superiores de lo que realmente somos, pero aquellos que se distinguen lo hacen por ser realmente  los mejores; mejores calificaciones, aptitudes, actitudes, estudios, obras, condiciones, etc. Para eso son los concursos, baremos y  requisitos mínimos para que, a partir de ellos, sean seleccionados los que tienen máximos requisitos, es decir, los que se hayan “distinguido”. No cumplir eso, manipular, y justificarlo como decisiones políticas es parte de esa hipocresía social que nos consume. Es como si para asistir a una competencia mundial de 100 metros planos, con marca mínima exigida  de 10,08, y a pesar de tener corredores con marcas de 9.5, mandamos al “pana” que tiene 10,08, (requisito mínimo) o peor aún, al camarada que “una vez corrió en el colegio” , y le invento requisitos que no tiene. ¿Por qué nos asombramos cuando da la comica?  Según esto, la ética pública debería formularse una interrogante: ¿Tenemos a los ciudadanos más distinguidos en nuestro Poder Moral y Poder Judicial?,¿Están legitimados moral y constitucionalmente?¿Cumplen al menos los requisitos mínimos? Este debate si  interesa a la Moral Republicana´.  Para evaluar la moral de los demás hay que tener mucha moral, y eso no se compra en botica.

Decía Ingenieros que la virtud es inconcebible en el imbécil, el ingenio infecundo en el desvergonzado y que “la subordinación de la moralidad a la inteligencia es un renunciamiento a toda dignidad”. Cualquier persona que frente al espejo de su conciencia se crea digna y  medianamente inteligente, no puede menos que reprobar una decisión que agite  la “inmoralidad pública”.

No se trata de defender o atacar a nadie en esta vorágine postmodernista de sustituciones paradigmáticas de valores,  las cosas moralmente importantes nunca deben subordinarse a asuntos de menor valía, y considero refutable utilizar entes morales e intelectuales para intentar arrearnos  como borregos sin criterio, en una supuesta defensa a nuestra vapuleada ética pública, conducida con propósitos desconocidos pero sustentada en premisas erradas, incoherentes e irracionales, que, por legítima obligación moral, debo rechazar.

La decisión del Poder Ciudadano, responde a denuncia efectuada por el señor Rodríguez Mudarra el 11 de Abril del 2011, quien, en reciente comunicado publicado el día 09 de Marzo del 2012, expresó lo siguiente:

“Esperamos que en su defensa ante la Asamblea Nacional el Magistrado ELADIO APONTE  pueda explicarle al país lo que está referido en la decisión Nº 395, de fecha 20 de agosto del año 2010. En la decisión se señala que cuando se realizó el allanamiento a la casa de Makled, quedó registrado que se había encontrado “un (1) libro con dedicatoria, dirigido al ciudadano Walid, de los Retos de la Justicia Venezolana Contemporánea; una (1) tarjeta de invitación del TSJ dirigida al ciudadano Walid Makled” y al indagar sobre dicho libro, el mismo es nada más y nada menos que la impresión del discurso de apertura del año judicial 2006, del Magistrado APONTE APONTE
Esperamos que el Magistrado pueda explicarle al país lo que en diversas ocasiones señalaron los medios de comunicación sobre la expedición de una credencial al ciudadano Walid Makled”

Sorprende la alarma que causa al denunciante “la impresión del discurso de apertura del año judicial”, ya que imprimir un pequeño libro con el discurso de orden y repartirlo en forma gratuita es rutina anual. También extraña su afán de que Aponte explique porque en épocas pretéritas otorgó un carnet, o dedicó un libro a  alguien que hasta el 13 de Noviembre del 2008, era el “muchacho de la película”.

¿Por qué  no pidió explicación sobre  otras  cosas que se encontraron en el allanamiento en igualdad de condiciones que las que acusa?

Para los interesados, en la pág. 112 y siguientes de la Sentencia Nro. 395 de la Sala Penal entre otras muchas cosas, verán lo siguiente:

·         24 tarjetas personalizadas, una tarjeta de invitación de la Guardia Nacional,   un diploma del destacamento Nro. 24 de la Guardia Nacional, chequeras, copias de diferentes cédulas, fotos, etc.

Bajo el razonamiento del denunciante, avalada por el Consejo Moral Republicano, altos funcionarios allí señalados y otros ciudadanos menos encumbrados, deberían explicarle al país porqué en algún momento, antes del 2008, se toparon en la calle con el Sr. Makled.

Existe el detalle inadvertido que en el acta aparece “una credencial de la fiscalía militar perteneciente al cddno Makled Walid, CI Nro. 22.424.580” cuando su número verdadero es 18.489.167, y que el libro con dedicatoria lo encontraron “en el área de estudio, específicamente en el escritorio de color marrón contentivo de nueve gavetas” y no se interesaron por ningún otro libro, u otro con dedicatoria que siempre existen en las bibliotecas.

Como venezolano me parecería más conveniente a nuestra  Moral Republicana que investigaran un allanamiento a una finca de Makled, con precisión de cirujano, donde funcionarios del DIM  que buscaban armas, encontraron “casualmente” 392,300 Kg de droga, casi esperándolos y sin evidentes esfuerzos de ser ocultada. Nuestra moral administrativa requiere conocer sobre la transparencia del proceso  para nombrar magistrado a Aponte y otros funcionarios relacionados con la justicia y la ética y si los supuestos méritos a ellos atribuidos fueron confrontados en justa y pública  lid con otros aspirantes. La Moral Republicana seria fortalecida si se investigara sobre las compras de empresas que realizaba el grupo Mackled como si fuesen hamburguesas, o la asignación de contratos multimillonarios con organismos del Estado, como los Puertos Marítimos de La Guaira y Puerto Cabello, gobernaciones, etc. (Pág. 116), o los realizados con el complejo Morón o Pequiven (Pág. 121) que movilizaban sumas “multi millardarias”, por señalar algunos sin herir susceptibilidades. La ética pública no debe sostenerse en hechos que generan duda sobre su veracidad y menos cuando existen otros más graves, más tangibles y más alarmantes para ella.  No soy amigo del Magistrado Aponte ni lo defiendo, no sé si tiene cuentas en el exterior,  si es corrupto, traficante, o si cobraba por decisiones en las que algunas no compartí. Si esas fuesen las imputaciones, yo no estaría escribiendo esto; pero, como ciudadano y antiguo compañero militar, incomoda ver como los vapores del poder que ayer lo hacían flotar, hoy lo envenenan de muerte moral, sometiéndole en forma impune al escarnio público, por hechos irrelevantes, incoherentes, y sobre todo, de dudosa validez. Eso, no es Ético.

En su escrito de descargo del 8 de Febrero de 2012, Aponte niega haber otorgado o firmado cualquier carnet, ahora la “inquisición mediática” acusa que son dos credenciales, y, para echarle leña al fuego, aparecen algunas en internet, borrosas y de dudoso origen.

El que acusa debe probar, y Aponte no debe demostrar a nadie que él no otorgó esa credencial. En el supuesto que lo hubiera hecho, siendo fiscal militar en el 2004, en el ejercicio de sus funciones, y con  Walid  como el “novio de la madrina”, ¿Dónde está previsto que eso es delito, o falta? ¿En qué medida afecta la “ética pública” en un país donde públicamente abundan los carnets y los “chapeos”? Nuestra Fuenteovejuna tropical, experta en linchamientos morales, debe tener presente que, en pleno siglo XXI: “Toda persona se presume inocente mientras no se  pruebe lo contrario”, “Tiene derecho a ser oído en cualquier clase de proceso…” “Ninguna persona podría ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones en leyes pre-existentes” (Art. 49 Const.)

La palabra del Sr. Rodríguez Mudarra, no debía tener el valor probatorio otorgado por el Poder Ciudadano ya que le correspondía  la carga de la prueba. Es él quien debía probar que Aponte otorgó el carnet y dedicó un libro, consciente  en la fecha que lo hizo, que el destinatario era  “tremendo capo de la droga”, de otra manera, ¿Cómo eso afecta la ética pública? En cuanto a la “Moral Administrativa”, tengo entendido que el magistrado jamás ha administrado locha alguna en el TSJ, más bien le rebajaron   el sueldo, y si tal concepto lo  refieren a  su función de Magistrado, solo hay que leer la sentencia señalada  para determinar las contradicciones epistémicas del denunciante y del Poder Ciudadano, ya que Aponte  firma de primero dicha sentencia, como “Presidente de la Sala”, hundiendo hasta el cuello en lo que a validación de gravísimos delitos se refiere, a su “supuesto compinche”.

Critican  también a Aponte por haber pertenecido a la Fuerza Armada, aflorando en los medios ese sentimiento anti militarista presente en tirios y troyanos, y que normalmente es utilizado como argumento de descalificación personal y profesional .A tal efecto, basta leer este párrafo de un artículo publicado el Viernes 9 de Marzo en un diario de circulación nacional: “Asimismo, su decisión de rotar a los jueces penales en 2006 también fue cuestionada, así como el que nombrara a militares retirados como jueces” ¿Es que un militar retirado no puede optar a un concurso para ser juez?  Conozco muchos militares  y abogados más distinguidos que algunos titulares y con requisitos máximos.

Considero  que al magistrado le están cobrando asuntos ajenos a su desempeño  y utilizan para ello nuestra maltrecha Ética Pública y  Moral Administrativa. Si el desempeño en el TSJ importara a nuestro poder moral, habría que calificar  faltas graves en muchos otros magistrados autores de “sentencias aberrantes”,  “errores grotescos”  y “silencios complacientes” con las que han agredido impunemente la moral y las luces de la República y muchos de sus  republicanos.

Angel Alberto Bellorín - Abogado. Doctor en Derecho Constitucional.  Profesor Titular