Legalidad e Ilegitimidad: ¡Enorme Brecha!

Nos guste o no, las redes sociales nos invitan a participar en grandes debates, que para muchos jóvenes parecieran inéditos sin serlo en realidad, pues difícilmente exista en pleno siglo XXI aspecto alguno de las relaciones humanas que no hubiere sido debatido históricamente por otros pensadores. De allí que la cuestión teórica planteada en el título no escapa a esa premisa, y adoptemos la postura que adoptemos, el problema planteado ha tenido, tiene, y tendrá consecuencias prácticas y políticas, que no pueden ser apartadas del continuo análisis académico.

Ambos conceptos se relacionan directamente en la comprensión del ejercicio del llamado “Poder Estadal”, por las personas que lo ostentan.  Para fines académicos centrados en la cuestión pública, la legitimidad es ubicada en forma directa con el ámbito político y área filosófica, mientras que la legalidad en el ámbito jurídico y área del derecho. Por supuesto,  estas áreas y ámbitos están estrechamente vinculados, y al respecto, para abordar el debate, me permito apoyarme en un párrafo del texto “El poder y el derecho” de Norberto Bobbio y Michelangelo Bovera (1984)

“Cuando el Estado moderno asumió el carácter de Estado de derecho, la legitimidad del Poder ejercido por el Estado se fundamentó en su sometimiento a la legalidad en dos aspectos: Quienes ejercen el poder estadal deben estar autorizados para ello por el ordenamiento jurídico, se trata de la legitimidad del origen del poder, pero además dicho poder debe ser ejercido conforme a lo establecido en la Ley, se exige así que el poder no sea utilizado de manera arbitraria, se trata de la legalidad en el ejercicio del poder” (Obra citada Pag 30)

Sin embargo, tal como más adelante afirma el autor, el concepto de legitimidad pareciera subordinado o incluido en el de legalidad ya que surge en momentos de la historia cuando la legitimidad del poder político se fundamentaba en “modelos divinos” o en “modelos carismáticos” y comienzan a ser reemplazados por el modelo de las constituciones y leyes. Es cuando se da inicio a la sustitución del paradigma político “Gobierno de Hombres” por el de “Gobierno de Leyes”. Ahora bien, los hombres “divinizados”, carismáticos o “democráticos” siempre han querido imponer sus intereses a toda costa, y en esta nueva etapa, las leyes comenzaron a ser redactadas, manipuladas e interpretadas, divorciadas de la justicia, abriendo brechas en lo que respecta a la legitimidad, concepto que también comenzó a desarrollarse como mecanismo de aceptación social, llegando al perverso dilema que enfrenta a ambos conceptos en el plano ético que nos permite como seres racionales, discernir cuando lo legal puede ser malo y lo ilegal puede ser bueno, pudiendo concluir con esta afirmación, la absoluta subjetividad de la percepción de legitimidad.

En pleno siglo XXI a nivel mundial, las diferencias entre legalidad y legitimidad se puede reflejar en casos publicitados como la crisis económica europea que resalta el conflicto. Cuando percibimos una ley que condena al desahucio a personas por perder su trabajo y disminuir sus derechos laborales, afirmamos sin lugar a duda que dicha ley es ilegítima, más cuando comparamos también la existencia de leyes que permite indultos y beneficios a asesinos corruptos, torturadores, etc, pero no a familias condenadas a la miseria por no satisfacer sus necesidades básicas. Por esas razones validamos sin vacilar el legítimo derecho de estas personas a estar “indignados”.

Podemos también analizar una dimensión temporal de la legitimidad al confrontar normas aplicables en el pasado a la luz de una visión del presente. Por ejemplo, en la época de la hegemonía nazi, la ley obligaba a los ciudadanos a denunciar a su vecino judío, y no hacerlo era un delito con nefastas consecuencias. Hoy, cómodamente pudiéramos afirmar que era legítimo no cumplir esa ley. Por supuesto,  habría que estar en esos zapatos y entender que en casos como estos se está en presencia de un dilema ético. Es por ello que a nuestros ojos, en el presente, los que en el pasado sufrieron leyes injustas son mártires y quienes las enfrentaron son héroes. ¿Quién sería Sócrates si no hubiese tomado la Cicuta? ¿Bruno si no hubiese sido quemado en la hoguera? ¿Cristo sin la cruz? ¿O Thoreau si no hubiese preferido ir a la cárcel antes que pagar un impuesto previsto en una ley que él consideró injusta?

Estos conflictos hoy en día los observamos con más resonancia por la eclosión informativa que nos proporcionan las redes sociales, y en función a ello, pudiéramos revisar un ejemplo de la dimensión cultural, que analizaremos en el caso de la joven musulmana Dana Bakdovnis, quien en el 2011 se fotografió sin el velo, y subió su foto a las redes sociales cuando en su país, Arabia Saudita, esto constituye un delito; o su paisana, Manal Al Sharif, quien desafió la ley de su país al conducir un vehículo y colocar un video de ello en Youtube, lo cual la llevó a la cárcel en un país donde lo religioso absorbe la política.

En este ejemplo, es interesante observar en las redes las innumerables muestras de apoyo y el revuelo que esto ha causado, al punto de existir frases de felicitaciones de chicas musulmanas por su valentía, con comentarios como: “Queremos hacer lo mismo, pero no nos atrevemos”, lo que permite considerar otra variable importante: atreverse. He aquí otro ejemplo del dilema.

Pero, la dimensión del concepto legitimidad, que más ruido pudiera causar corresponde a la “dimensión moral de las personas que la perciben”, la cual pudiera manifestarse simultánea y sistemáticamente hasta alcanzar magnitudes colectivas y considerarse de interés político. En esta dimensión, el poder percibido como legítimo, será mayoritariamente obedecido, mientras que el percibido como ilegítimo será desobedecido, u obedecido en apariencias para evitar que la violencia del Estado pueda ser utilizada de diferentes formas contra de los obligados. Esto, se convierte en caldo de cultivo para la desconfianza en funcionarios e instituciones y en el desarrollo de mecanismos para atreverse a desobedecer. Es la autoridad moral o autorictas. Sin embargo, como la relación es bidireccional, desde la visión del obligado a obedecer, será menos legítimo aquel funcionario que accede al poder con una dudosa legalidad de origen que se suma a un ejercicio del poder con acciones diferentes a las que el obligado a obedecer considere que tiene que cumplir. Cuando este siente lo contrario, aumenta la sensación de legitimación.

Desde la visión subjetiva de quien detenta el poder político, será legítimo aquel funcionario que accede al poder y lo ejerce haciendo lo posible para hacer creer a los que los obedecen,que cumple lo que por ley está obligado a hacer. Para él, su legitimidad de origen nunca estará en discusión y, en su natural vanidad, considera que está allí porque es la “última Pepsi del desierto”, bien por “voluntad divina”, por “Voluntad del pueblo”, o por “Impecable Curriculum”

De acuerdo a ambas visiones, la legitimidad así concebida pudiera entenderse como un punto común de encuentro, y para ello existen las Constituciones o Cartas Magnas, sus interpretaciones y el desarrollo legal de sus mandatos. Para demostrar la legitimidad de ese desarrollo, los funcionarios intentarán convencer a la mayor cantidad de subordinados de su legitimidad, y aquí, entra en escena la utilización de los medios de comunicación y de propaganda. Sin considerar que un funcionario o régimen político sea malo o bondadoso, y atendiendo exclusivamente a los mecanismos de mando y obediencia, es necesario afirmar que cuando el poder pierde legitimidad, deja de ser poder, salvo que ejercite la coacción y la fuerza, ya sea mediante normas o leyes percibidas como injustas o amenazas y represiones físicas directas. Esto originará conflictos y con ello  un acelerado desgaste de dicho poder, sobretodo en actuales momentos donde pocas cosas pueden ser ocultas a la luz de los colectivos sociales y de la velocidad con que viaja la información y donde ya Orgón no debe ser escondido debajo de la mesa para que con sus propios oídos escuche las verdaderas intenciones de su venerado Tartufo para con su esposa Elmira, como nos ilustraba Moliere sobre la mentira y la hipocresía del impostor.

En nuestro país, la brecha entre legalidad y legitimidad, a mi modesto parecer, es cada vez mayor, y tal como lo analicé en la tesis que me permitió ser Doctor en Derecho, nuestras leyes son cada vez más violatorias de la Constitución y de la legitimidad, sin mecanismos expeditos para anularlas. Ese deterioro acumulado podemos percibirlo  en medios de comunicación parcializados, informaciones manipuladas, fotos trucadas, expertos en todo declarando, impunidad delictiva, corrupción desmedida, funcionarios no calificados, redes sociales colapsadas en una guerra sin cuartel, con un gran número de personas pretendiendo imponer lo que ellos consideran “su verdad”, en una sociedad reagrupada en dos “Casi Mitades” “mayoritarias”, “minoritarias”, y todo lo contrario, ejerciendo exageradamente su libertad de expresión en un ambiente con señales de anarquía, lo que me obliga a compartir una frase utilizada por Miguel Salazar en su comentario del semanario Nro 433 del 19 de Abril: “Tanto el gobierno como la oposición no hablan con franqueza, ambos actúan como acariciando la idea de llevarse por los cachos el Estado de Derecho”. En este despelote, la manipulación y la incertidumbre son los actores principales que ponen en entredicho la legalidad, ampliando su brecha con el sentir de legitimidad.

Mi formación profesional primera fue en la Academia Militar, y desde mi particular visión de “obligado a obedecer”  siempre me pareció ilegítimo que mi grado de sub-teniente de nivel licenciado, obtenido en 1977, me lo firmara el señor Carlos Andrés Pérez, (sin ningún título) presidente Constitucional de Venezuela, elegido en votaciones legalmente válidas y supuestamente legítimas. También percibí como ilegítimos a algunos oficiales últimos en los parámetros comparativos y tangibles de evaluación que llegaron a ser Generales de la República. En especial recuerdo a uno que desde Capitán no efectuaba o reprobaba los exámenes físicos, y la llamada “Cuarta República” lo ascendió a General, pero la denominada “Quinta República” lo nombró Ministro de la Defensa. Como ese, hay varios personajes que sus subalternos los percibíamos como ilegítimos al compararlos con brillantes oficiales que no eran ascendidos, pero acatábamos sus órdenes, dentro de los límites que las dignidades individuales nos permitían.

Aún me parece ilegítimo que un Rector de universidad, elegido legalmente, firme títulos de Postgrados con niveles que él nunca alcanzó, a pesar que la Ley lo autoriza a ello. Esto, por supuesto, es trasladable a Ministros de Educación y otros funcionarios con iguales prerrogativas.

Considero ilegítimo que las universidades le otorguen a probados analfabetas funcionales títulos que legalmente le permitirán el ejercicio de una profesión, y cumplir los requisitos “mas-mínimos” para ocupar  cargos de gran responsabilidad en un país donde las palancas y compadrazgos son los ilegítimos e ilegales atajos para alcanzar ascenso social y ejercicio de poder.

Evidentemente, como militar obligado a obedecer y como persona educada, respetaba “externamente” tanto al Presidente como a los demás profesionales referidos. Claro, es mi percepción subjetiva y no generalizada al extremo de considerarla de “interés político”,  y mi derecho a pensar con mi propio criterio y no repetir como loro juicios ajenos.

Hoy, observo con tristeza como  generales y otros oficiales del pasado, muchos a mi parecer ilegítimos (como subalterno que fui de ellos) llaman a los militares activos a rebelarse e incumplir normas que si bien pudieran ser obsoletas, injustas o inconstitucionales, ellos, cuando estaban activos y en altos cargos, nada hicieron para adecuarlas a los nuevos tiempos, ya que les convenía la obediencia debida a todo trance y necesitaban de los medios violentos y de coacción en la mano para imponer su “ilegítima” pero “legal” autoridad sin preocuparse siquiera por asuntos tan importantes y elementales como la seguridad social disminuida de sus colegas que hoy impulsa vientos de descontento.

En la otra acera, veo algunos jefes militares del presente (que no puedo calificar de legítimos o ilegítimos, ya que ese “honor” le corresponde a sus subalternos) obligándolos a jurar defender individuos y no a la Constitución en una injustificada confusión de gobierno con Estado. También observo militares activos que sin ningún pudor hacen proselitismo partidista sin que sean sancionados, generando con tal actitud que otros a las sombra del “descontento traicionero”, militen y se comprometan con el otro bando: Esto es sumamente peligroso para la Fuerza Armada y el país.

Ante esta situación me permito citar unas frases tomadas de una polémica carta que según Vicente Lecuna, el 01 de Octubre de 1825, Páez escribió a Bolívar en una crisis política de enormes proporciones, que poco después constituyó la esencia de la separación de la Gran Colombia:

“Usted no puede figurarse los estragos que la intriga hace en este país”

“Nuestro Ejército se acabará pronto si no se atajan las justas causas de su descontento, y estoy bien seguro que en caso de guerra, los señores letrados y mercaderes apelarán como siempre a la fuga, o se compondrán con el enemigo, y los pobres militares irán a recibir nuevos balazos para volver a proporcionar empleos y fortuna a los que actualmente los están vejando”

¡Cómo me hubiera gustado haber sido un militar subalterno del General José Antonio Páez!  Siempre supo identificar y defender el sentimiento de sus subordinados, aunque ahora 200 años después, algunos  de los nuevos letrados y mercaderes pretenden generar dudas de su legitimidad, sin poder evitar que retumben en sus oídos un resonante y triunfal ¡VUELVAN CARAJO!

Caracas, 23 de Abril del 2013

Angel Alberto Bellorín - Abogado. Doctor en Derecho Constitucional. Profesor Titular