Talanquera hacia la Barbarie

Talanquera hacia la Barbarie

Elaborado por: Angel Alberto Bellorín - Abogado. Doctor en Derecho Constitucional. Profesor Titular

Decía el maestro Manuel Nuñez “Hay que evitar la confusión entre Derecho y Moral, pero también hay que rechazar una radical separación y desvinculación entre ambos” evidentemente que esta afirmación se sustenta en que el Derecho tiene, obligatoriamente un fundamento ético, ya que según el tiempo y el lugar, nunca debe ser jurídica una norma contraria a la ética.

En definición simple, una conducta moral o amoral se determina en los límites de lo que éticamente se califica como bueno o como malo; y estos (lo bueno o malo) son límites externos contrapuestos (Dios y Diablo).

Si esto es así, racionalmente existe entre dichos extremos una gama variada de posibilidades y combinaciones de acciones, pero esto está determinado no solo por la conciencia humana, sino por la libertad para escoger entre ese bien y ese mal; y hacerse responsable ante ello, ya que no existe responsabilidad sin libertad de acción. “No basta que el hombre tenga conciencia moral y psicológica del acto; es preciso que éste dependa de su voluntad, que esté en su mano realizarlo o no; de otro modo no hay acto moral, ni siquiera acto humano”.

Catalogar las acciones humanas propias como buenas y todas las contrarias como malas ha sido motivo de la mayoría de las guerras de la humanidad, históricas injusticias y los más horrendos crímenes.

Ante todo este panorama histórico es que surge el contrato social, materializado en la Ley Fundamental que trata de buscar el orden social como la más eficiente garantía de libertad y dignidad de las personas y el máximo instrumento para regular los antagonismos propios de la convivencia y de los determinismos éticos.

Esta ley fundamental, la Constitución, como decía García Soto, es la que “pone una línea que divide la Vida Social Salvaje de la vida social ordenada y me permito parafrasearlo, agregando que “Es la talanquera que divide barbarie de civilización”, manteniendo el equilibrio entre los valores “imperio” que la sociedad ha delegado en las autoridades del Estado, y la “libertad” exterior de las personas que dichas autoridades deben proteger y los ciudadanos exigir.

Ahora bien, retomando lo de “normas contrarias a la ética”, la Ley Fundamental, es decir la Constitución, es como su nombre lo indica, fundamento de la Sociedad y por ende de todo el ordenamiento jurídico que regula la actividad social. La elaboración de las leyes es un proceso dinámico para regular esa convivencia social y en él se establecen necesariamente los más grandes debates políticos en la búsqueda de las mejores normas posibles, ya que una vez aprobados, estas entran en la dimensión de lo jurídico.

La función de legislar es de suprema importancia para el orden social, estableciendo de acuerdo al principio de legalidad, normas que orienten el camino a seguir de los ciudadanos obligados a acatarlas y a no hacer nada  que ella les prohíba ya que deberán ser sancionados.

Pero para su elaboración, el legislador debe también respetar la “talanquera” que le impone la Constitución, porque traspasarla es caer en la barbarie, no importa que existan muchos brazos con avasallante fuerza bruta para derribarla y hacer más fácil el salvaje avance. El legislador no puede hacer aquello para lo cual no lo faculta la Carta Magna, y menos aún retarla, al desobedecer algo que ella le prohíba taxativamente.

A pesar que he criticado con anterioridad los requisitos constitucionales para ser diputado, por  permitir que algunos “Juan Peña” (Pedro. E. Coll) o Bertoldinos (J.C. Croce) tengan tamaña responsabilidad, también he manifestado el máximo respeto a las reglas de juego, así no las comparta. Estas también establecen claramente a los legisladores su enorme responsabilidad a la hora de votar para aprobar o no las leyes que van a regir el destino social, y para tal fin, la acompaña con medidas de protección ante presiones externas. La Carta Magna concede prerrogativas al parlamento como órgano legislativo, que se convierten en especies de privilegios para los diputados, estas prerrogativas son la Irresponsabilidad e Inimputabilidad por sus votos y opiniones en el ejercicio de sus funciones, prevista en el Art. 199, y la inmunidad ante los delitos cometidos previsto en el Artículo 200, y que será tema de otro analisis posterior.

Considero que en el debate actual no se ha valorado en su verdadera dimensión la reforma de ley que sanciona el mal llamado “Salto de Talanquera”. La disidencia parlamentaria es un fenómeno político secular y los Estados Modernos decidieron protegerla por el bien de valores considerados supremos en los Estados llamados democráticos. Retomando el análisis previo sobre el bien o el mal, correspondería a una valoración totalmente subjetiva determinar con certeza entre el disidente o su fracción parlamentaria, quien es el que navega en las aguas de la razón, de la moral, o fuera de ellas.

Por tal motivo, la talanquera constitucional expresa en su Artículo 201 lo siguiente:

“Los diputados o diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos o sujetas a mandatos ni instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea Nacional es personal”

Para que esto sea así, desde hace más de dos siglos, algunas Constituciones del mundo contienen como postulado un mecanismo que protege al legislador disidente ante cualquier retaliación de los demás grupos de poder político. Este mecanismo es la prerrogativa de la “inimputabilidad” penal ante los delitos de opinión (Difamación, Injuria, etc) y de la irresponsabilidad por los votos en su actividad parlamentaria, prevista en nuestra Constitución de 1961 en su Artículo 142 y recogida en la actual Carta Magna con el mismo texto en su Artículo 199:

"Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional no son responsables por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. Sólo responderán ante los electores o electoras y el cuerpo legislativo de acuerdo con esta Constitución y con los Reglamentos"

Según lo anterior, un legislador al “No estar sujeto a mandato ni instrucciones, de ningún grupo de poder, y en especial la fracción política a la que pertenece, vota en forma personal y de acuerdo a su conciencia” (Art, 201), la cual le determinará lo bueno o lo malo de la norma en discusión. Llama la atención la torpeza que significa desobedecer la prohibición expresa de la Constitución, y no puede catalogarse menos que “ignorancia supina”, observar como utilizan de argumento para sustentar la norma que genera inhabilitación por supuesto fraude al elector, el propio Artículo 199, en su parte “in fine”;omitiendo por completo su encabezamiento , aquí analizado.

Con tantos “supuestos constitucionalistas” en el Parlamento Venezolano, no habrá uno que recuerde el 1er año de Derecho, y le explique a sus compañeros que “la responsabilidad” abarca la penal, civil, administrativa, disciplinaria, ética, política y cualquiera que se les pueda ocurrir. Al establecer que “No será responsable” significa que no se le podrá responsabilizar, y al no existir responsabilidad penal, que es la más grave, mucho menos se podrá sancionar de ninguna otra forma por sus opiniones o votos dentro del Parlamento, en el ejercicio de sus funciones y que tal prerrogativa existe precisamente para que tenga libertad de conciencia al tomar su decisión de votar a favor o en contra de las normas en discusión, sin la Espada de Damocles sobre su cabeza, colocada especialmente por el bloque parlamentario al que pertenece.

Con estas repudiables actuaciones,

¿Quién estará saltando la talanquera desde la civilización hacia la barbarie?