Inmunidad Parlamentaria

Este escrito de interpretación del Artículo 200 fue introducido en la Sala Constitucional del TSJ en fecha 13 de Octubre del 2005. Fue declarado inadmisible en Sentencia Nro 613 del 20 de Marzo del 2006, ya que según la Sala, en ese momento el Artículo era claro y preciso. No olvidar que en Diciembre del 2005 la oposición se retiró de las elecciones parlamentarias. 

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CIUDADANO

PRESIDENTE Y DEMÁS MAGISTRADOS DE LA

SALA CONSTITUCIONAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

SU DESPACHO

YO, ÁNGEL ALBERTO BELLORÍN, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cédula de Identidad número xxxxxxxx, de profesión militar con el grado de Coronel del Ejército Venezolano y abogado, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número xxxxxx, procediendo en este acto en mi propio nombre y en mis propios intereses, asistido por el abogado JOSÉ M. CIARROCHI, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cedula de Identidad Nº .xxxxxxxx, domiciliado en la ciudad de xxxxxxxx, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº xxxxxxx, ante ustedes, con el debido respeto ocurro de conformidad con lo establecido en el Artículo No. 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo previsto en el Artículo 266, Numeral 6° ejusdem, con el objeto de solicitar de esa honorable Sala Constitucional, la INTERPRETACIÓN Y ALCANCE DEL ARTÍCULO 200 de nuestra Carta Magna, que en forma expresa señala lo siguiente:

        Artículo 200 “Los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional gozarán de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo. De los presuntos delitos que cometan los o las integrantes de la Asamblea Nacional conocerá en forma privativa el Tribunal Supremo de Justicia, única autoridad que podrá ordenar, previa autorización de la Asamblea Nacional, su detención y continuar su enjuiciamiento. En caso de delito flagrante cometido por un parlamentario o parlamentaria, la autoridad competente lo o la pondrá bajo custodia en su residencia y comunicará inmediatamente el hecho al Tribunal Supremo de Justicia.”. Los funcionarios públicos o funcionarias públicas que violen la inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional, incurrirán en responsabilidad penal y serán castigados o castigadas de conformidad con la ley.” (Subrayado Nuestro)

Esta solicitud, motivada y fundamentada en capítulos posteriores, es necesaria para fijar posición sobre el alcance  temporal, espacial y material de la inmunidad parlamentaria, ya que personas incursas en procesos judiciales penales se han postulado para optar a ser electos diputados o diputadas a la Asamblea Nacional, constituyendo un hecho notorio y comunicacional que tales personas al igual que la opinión pública expresada en radio, prensa y televisión, aseguran que de resultar electos, la inmunidad parlamentaria los librará de los procesos judiciales de carácter punitivas en curso, lo cual equivaldría a decir que tal inmunidad es retroactiva, contradiciendo evidentemente el mandato del ya citado Artículo 200, cuando establece un supuesto temporal bien determinado al expresar que gozarán de inmunidad “...desde su proclamación hasta la conclusión de su mandato o la renuncia del mismo”. Sin embargo, previo a tal supuesto, estas personas se inscriben en el Consejo Nacional Electoral, hacen campaña y pudieran eventualmente lograr su elección, lo cual generaría una situación anómala e incomoda desde el punto de vista legal, y de la buena marcha de los procesos penales en que están involucrados. Ahora bien, respecto a estos aspectos,  la Carta Magna no prevé ningún tipo de restricción en las condiciones previstas para ser elegido diputado o diputada; en tal sentido, los artículos 188, 189 y 190, del texto fundamental,  establecen lo siguiente:

Artículo 188: “Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputada a la Asamblea Nacional son: 1.- Ser venezolano o venezolana por nacimiento, o por naturalización con, por lo menos, quince años de residencia en territorio venezolano. 2.- Ser mayor de veintiún años de edad.

3.- Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección.”

Artículo 189: “No podrán ser elegidos o elegidas diputados o diputadas:1.- El Presidente o presidenta de la República, el Vicepresidente Ejecutivo o Vicepresidenta Ejecutiva, los Ministros o Ministras, el Secretario o Secretaria de la Presidencia de la República y los Presidentes o Presidentas y Directores o Directoras de los institutos autónomos y empresas del Estado, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos. 2.- Los Gobernadores o Gobernadoras y Secretarios o Secretarias del gobierno, de los Estados y autoridades de similar jerarquía del distrito Capital, hasta tres meses después de la separación absoluta de sus cargos. 3.- Los funcionarios o funcionarias municipales, estadales o nacionales, de institutos autónomos o empresas del Estado, cuando la elección tenga lugar en la jurisdicción en la cuál actúa, salvo si se trata de un cargo accidental, asistencial, docente o académico.

La ley orgánica podrá establecer la inelegibilidad de otros funcionarios o funcionarias.” (Subrayado Nuestro)

Artículo 90: “Los diputados o diputadas a la asamblea Nacional no podrán ser propietarios o propietarias, administradores o administradoras o directores o directoras de empresas que contraten con personas jurídicas estatales, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo con las mismas. Durante la votación sobre causas en las cuales surjan conflictos de interés económicos, los o las integrantes de la Asamblea Nacional, que estén involucrados o involucradas en dichos conflictos, deberán abstenerse.”

Como puede observarse, las disposiciones trascritas en nuestra Carta Magna no impiden las postulaciones, en las condiciones trascritas,  o el impedimento al condenado por sentencia definitivamente firme como si lo establece el Artículo 227 para los supuestos de elección del Presidente de la república, aplicables al Vicepresidente (Artículo 228), ni delega a la reserva legal procedimientos para la elección como lo establece el Artículo  264 para Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia a quienes  por cierto el Artículo 263 les exige como requisito previo “ser ciudadano de reconocida Honorabilidad”.  De igual forma, el Artículo 249 constitucional exige para el Procurador General de la República los mismos requisitos previstos para ser Magistrado del tribunal Supremo de Justicia; igual exigencia se le hace al Fiscal General de la República según el primer aparte del Artículo 284.  En los casos del Contralor General así como el Defensor del Pueblo, la Constitución en forma expresa no les exige requisitos de orden ético sin embargo, el Artículo 280, permite las exigencias por reserva legal en el caso del Contralor. En este orden de ideas puede inferirse que la Constitución no prevé una situación como la planteada y tampoco existe una Ley Orgánica del Poder Legislativo ni de la Asamblea Legislativa,que defina los requisitos previos de orden ético para los aspirantes a diputados, lo que pareciera contrario a los principios de justicia y de ética.

Tal situación ha permitido que para las próximas elecciones Parlamentarias a celebrarse en Diciembre 2005, se encuentren inscritas varias personas sometidas a procesos judiciales penales por estar imputados en diferentes delitos. En el caso concreto y específico que afecta al suscrito, es más grave aun, porque está referido a una postulada que además de estar imputada en un proceso penal cuya acusación fue admitida el 28 de Abril del 2005  de la cual soy víctima, previamente fue condenada a una pena de 9 meses de prisión por sentencia definitivamente firme, que actualmente se encuentra en fase de ejecución, sin haber iniciado el cumplimiento de la misma.

De materializarse dichas elecciones en beneficio de tales personas pudiera generar impunidad por parte de perpetradores de delitos, que se amparan en esta especie de “privilegio retroactivo” para evadir su responsabilidad, burlando disposiciones como la prevista en el Artículo 30 de la Constitución, que establece lo siguiente.

Artículo 30: “…El estado protegerá a las víctimas de delitos comunes y procurará que los culpables reparen los daños causados”.

De igual forma, el Código Penal venezolano en sus  Artículos 3 y 11 establecen lo siguiente:

Artículo 3: “Todo el que cometa un delito o una falta en el espacio geográfico de la República será penado con arreglo a la Ley Venezolana”

Artículo 11: “Las penas se dividen también en principales y accesorias. Son principales: Las que la ley aplica directamente al castigo del delito. Son accesorias: Las que la ley trae como adherentes a la principal, necesaria o accidentalmente.” (Subrayado nuestro).

De acuerdo a lo anterior, existen penas accesorias necesarias, que de pleno derecho y no a criterio del juez, acompañan a la principal. En tal sentido, los Artículos 13 y 16 ejusdem ordenan lo siguiente:

Artículo 13: “Son penas accesorias de la de presidio: 1.- La interdicción civil durante el tiempo de la pena. 2.- La inhabilitación política mientras dure la pena…” (Subrayado nuestro).

Artículo 16: “Son penas accesorias de la de prisión: 1.- La inhabilitación política durante el tiempo de la condena…” (Subrayado nuestro)

En este mismo orden de ideas, la ley adjetiva penal, en su Artículo 118 establece el objetivo del proceso penal de la siguiente forma:

Artículo 118: “La protección y reparación del daño causado a la víctima del delito son objetivos del proceso penal. El Ministerio Público está obligado a velar por dichos intereses en todas las fases. Por su parte los jueces garantizarán la vigilancia de sus derechos y el respeto, protección y reparación durante el proceso.” (Subrayado nuestro).

Según los Artículos antes señalados, los procesos Judiciales que se encuentran en marcha por delitos cometidos en forma previa a las elecciones, lo mas probable es que finalicen en forma posterior a dichos comicios, fijados para el mes de Diciembre del año 2005,  y sus resultados pudieran llegar a decisiones que condenen e inhabiliten a una persona que para ese momento probablemente sea un diputado a la Asamblea Nacional y que pudiera alegar la inmunidad Parlamentaria como forma de evadir su responsabilidad penal.

Ante tales supuestos, efectuamos las siguientes interrogantes:

¿Puede ser esto posible señores Magistrados?

¿Para que permitir que una persona que enfrenta un proceso penal por acusación delictual admitida, se inscriba para optar a un cargo de elección popular?.

¿En caso de que se le permita, existe garantía para que cumpla su pena por un delito cometido antes de ser elegido diputado?.

¿Puede un penado en fase de cumplimiento de su pena postularse a diputado?

¿Cuáles son las que exigencias morales mínimas exigidas a un candidato a diputado?

CAPÍTULO ÚNICO:

DE LA ADMISIBILIDAD DEL PRESENTE RECURSO

Ciudadanos. Magistrados, tal como lo establece la reiterada jurisprudencia, la interpretación constitucional solicitada debe procurar que la sentencia interpretativa obre en beneficio de la propia constitución, buscando la solución a contradicciones, vacíos o ambigüedades que surjan de su texto y se enlacen a una situación concreta. Se trata,  en criterio de esa honorable Sala, de resolver “Cual es el alcance de una norma constitucional o de los principios que lo informaron, cuando los mismos no surgen claros del propio texto de la Carta fundamental; o de explicar el contenido de una norma contradictoria, oscura o ambigua; o del reconocimiento, alcance y contenido, de principios constitucionales” (Sentencia del 22 de Septiembre 2000. Caso Servio Tulio León).

En ausencia de una ley procesal que regule estos mecanismos de protección Constitucional, es la Jurisprudencia la que ha establecido los parámetros para la admisibilidad de estos recursos. En tal sentido y con la finalidad de argumentar profundamente la necesidad de la presente solicitud, será utilizado en este capitulo las referencias de dos (02) sentencias claves que sustentaran la existencia de requisitos y supuestos exigidos:

1.- REQUISITOS CONCURRENTES:

Al respecto, en sentencia de la Sala Constitucional del 12 de julio del 2005, expediente No. 03-2733 (caso Braulio Jatar), se reiteró la necesidad del cumplimiento de requisitos concurrentes para recursos que como éste intenten la interpretación de una norma constitucional. A tal efecto, dicha sentencia expresó lo siguiente:

 “La Sala ha indicado de manera pacífica y reiterada, respecto de la admisión de la petición de interpretación constitucional, que los solicitantes deben cumplir de forma concurrente con los requisitos que se indican a continuación: a) la legitimación para pedir la interpretación, pues debe subyacer tras la consulta una duda razonable que afecte de forma actual o futura al solicitante; b) la novedad del objeto de la acción, que no está referida únicamente a la precedencia de una decisión de la Sala respecto al mismo asunto planteado, sino a la persistencia en el ánimo de ésta del criterio a que estuvo sujeta la decisión previa; c) la no coincidencia en un todo de lo peticionado a la Sala con el objeto principal de una controversia que curse o pueda cursar ante otro tribunal o instancia judicial, lo cual se refiere a que el análisis que se requiere de la norma constitucional, si bien puede estar relacionada con un caso planteado ante otra instancia judicial, pueda y deba ser efectuado en el solo plano de la constitucionalidad (ver sentencia Nos. 2.507/2001, del 30.11 y 2.714/2002 del 30.10; d) la imposibilidad de acumular acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles entre si (ver fallo No. 2.657/2001 del 14.12; e) el acompañar, cuando el caso lo requiera, los documentos indispensables para verificar si la petición es admisible; f) la inteligibilidad del escrito y la inexistencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos”. (Subrayado  nuestro).

Según el criterio vinculante antes expuesto, es necesario, relevante y pertinente señalar la existencia en esta solicitud de la concurrencia de cada uno de los requisitos exigidos en dicha sentencia por esa honorable Sala, los cuales serán desarrollados a continuación en forma individualizada:

A.- La legitimación para pedir la interpretación:

Quien solicita y suscribe el presente recurso, Ángel Alberto Bellorín, actualmente Coronel efectivo del Ejército en situación de actividad,  en fecha 25 de Abril del 2005 interpuso una acusación penal en contra de la Lic. IBÉYICE MARÍA PACHECO MARTÍNI, C:I:Nº 5.564.462 por la comisión del delito de difamación agravada continuada.  Esta acusación fue admitida en fecha 28 de Abril del 2005 por el Juzgado Décimo Quinto de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana (ANEXO A) y motivado a innumerables retardos procesales, para esta fecha se encuentra en espera de superar la audiencia de conciliación.

Además de lo anterior, la referida ciudadana actualmente se encuentra en la situación de penada a 9 meses de prisión por la comisión del delito de difamación agravada continuada cometida anteriormente en contra de mi persona, siendo condenada a tal pena en un Juicio público que finalizó el 25 de Mayo del 2004, plasmada en sentencia del 09 de Junio del 2004 y revisada en Casación por el Tribunal Supremo de Justicia el 26 de Abril del 2005, fecha esta en que adquirió condición de Cosa Juzgada.   Actualmente la condenada se encuentra en proceso de solicitud de beneficio de suspensión condicional de la pena ante el Juzgado Quinto en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana.  (ANEXO B).

Es un hecho público, notorio y comunicacional que la referida ciudadana fue postulada para Diputada por el Estado Miranda;   tal  situación me otorga cualidad para solicitar esta interpretación, ya que la matriz comunicacional generada sobre el supuesto alcance de la norma constitucional invocada, genera una duda razonable que afecta en forma actual y futura mi condición de víctima en un proceso penal. 

B.- La novedad del objeto de la acción:

Es indiscutible que esta acción es novedosa ya que desde la aprobación del nuevo texto constitucional en diciembre de 1999, no se tiene conocimiento de una solicitud similar ni de respuestas al respecto por el Máximo Tribunal de la República

C.- La no coincidencia en un todo de lo peticionado con el objeto principal de otra controversia:

Ciudadanos Magistrados, la interpretación constitucional es una facultad exclusiva de la Sala Constitucional y por tal razón la presente acción en nada coincide con el objeto de las acciones penales en curso contra cualquiera de los ciudadanos actualmente postulados a diputado.

D.- La imposibilidad de acumular acciones que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles:

A lo largo de este escrito, ha quedado expresamente argumentado que no se presenta con esta solicitud alguna acumulación de acciones que pudiera excluirse con este recurso de interpretación.

E.- Documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la petición:

Acompañando la presente solicitud, se anexan los siguientes documentos:

1.    Copia certificada del auto de admisión de acusación emitida por el Juzgado Decimoquinto de Juicio del Área Metropolitana de fecha 128 de abril del 2005 (Anexo Marcado A)

2.    Copia certificada de Auto de Ejecución de sentencia emitido por el Juzgado Quinto de Ejecución del Área Metropolitana de fecha 19 de mayo del 2005 (Anexo marcado B)

F.- Inteligibilidad del escrito e inexistencia de conceptos ofensivos o irrespetuosos:

Como puede observarse, el presente escrito se sustanció con la mayor cantidad de argumentos jurídicos posibles, a fin de lograr coherencia en la pretensión. Dichos argumentos no persiguen en ningún momento ofender e irrespetar a ninguna persona natural o jurídica y mucho menos a esa honorable Sala.

Una vez desarrollados en forma individual los requisitos concurrentes exigidos para el Recurso de Interpretación, según la Sentencia del 12 de julio del 2005 (caso Braulio Jatar), queda por demás probado que la presente acción debe ser admitida por cumplir tal exigencia.

2.- SUPUESTOS SEGÚN LOS CUALES PROCEDE EL RECURSO DE INTERPRETACIÓN

De igual forma, la presente solicitud se subsume en el siguiente supuesto considerado por la Sala Constitucional en Sentencia del 22 de septiembre del 2000 (caso Servio Tulio León):

“1. Al entendimiento de las normas constitucionales cuando se alega que chocan con los principios constitucionales”

Tal como lo establece la referida sentencia citando a Eduardo García de Enterría, “La Constitución responde a valores sociales que el constituyente los consideró primordiales y básicos para toda la vida colectiva y que las normas constitucionales deben adaptarse a ellas por ser la base del ordenamiento”. En el presente caso, pretender que la inmunidad parlamentaria sea retroactiva y que el ser elegido diputado sea como una “patente de corso” para la impunidad de delitos acusados como tal, sentenciados o en desarrollo procesal para determinarlos, sería una violación grotesca a los sublimes valores de “Justicia y de Ética” previstos en el Artículo 2 de nuestra Constitución. De acuerdo a ello, la única vía para controlar esa anomalía  es acudir a la interpretación constitucional y se debe recurrir a “La Confrontación del Texto con los principios que gobierna la Constitución de manera que el contenido y alcance de los principios constitucionales se haga vinculante y evite los efectos indeseables de la anomalía” (Sentencia citada)

PETITORIO

Por todo lo expuesto en las consideraciones anteriores, tanto de hecho cuanto de derecho, con todo respeto solicito a ésta Honorable Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se sirva precisar el contenido y alcance de la norma prevista en el Artículo 200 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, respondiendo las interrogantes planteadas y aclarando las dudas e interpretaciones ambiguas que sobre sus supuestos existen, ya señalados en párrafos anteriores, así como de cualquier otra precisión interpretativa que tenga a bien disponer los señores Magistrados.

Caracas, 11 de Octubre de 2005.